Cuando la anormalidad se convierte en norma

por Dr. Jorge Gencón G.
Psiquiatra-Psicogeriatra

Hay momentos en la historia de un país en los que la crisis no es únicamente económica ni política. Hay crisis más profundas, más silenciosas y más peligrosas: las crisis morales. Aquellas en las que la sociedad comienza a perder su capacidad de distinguir con claridad entre lo correcto y lo incorrecto. Ecuador parece encontrarse hoy en uno de esos momentos.

No se trata simplemente de corrupción política, inseguridad o debilidad institucional. Es algo más complejo y perturbador: la progresiva normalización de conductas que antes habrían provocado indignación colectiva. Lo anormal ha dejado de ser excepcional. Se ha vuelto cotidiano. Se ha vuelto aceptable.

La sociedad ecuatoriana parece estar atravesando una especie de adaptación cultural a la disfunción. Como ocurre en ciertos procesos patológicos, el organismo social se acostumbra al deterioro hasta que deja de percibirlo como enfermedad.

El problema ya no es solamente lo que ocurre. El problema es que ya no sorprende.

En Ecuador se ha instalado una peligrosa filosofía informal: la del “no pasa nada”. Es la frase que justifica casi cualquier transgresión.

Un conductor atraviesa un semáforo en rojo. No pasa nada.
Un ciudadano estaciona su vehículo bloqueando una vereda. No pasa nada.
Un funcionario pide una “colaboración” para agilizar un trámite. No pasa nada.
Un agente acepta dinero para ignorar una infracción. No pasa nada.

Este fenómeno puede parecer trivial, pero en realidad es devastador. Las sociedades se sostienen sobre acuerdos básicos de convivencia. Cuando esos acuerdos se rompen sistemáticamente y nadie reacciona, el sistema completo comienza a deteriorarse.

El respeto por la ley deja de ser una obligación y pasa a convertirse en una opción negociable.

En el imaginario colectivo ecuatoriano, la corrupción suele atribuirse exclusivamente a los grandes escándalos políticos. Se habla de millones desviados, contratos inflados o redes de poder.

Sin embargo, la corrupción que verdaderamente destruye el tejido social es la más pequeña, la más cotidiana y la más extendida.

Es el ciudadano que intenta “arreglar” una multa con un billete.
Es el funcionario que acepta esa transacción.
Es el empresario que evade impuestos mientras exige servicios públicos eficientes.
Es el conductor que se indigna por la inseguridad, pero viola las normas de tránsito todos los días.

En este contexto, la corrupción deja de ser un fenómeno aislado en las élites y se convierte en un comportamiento socialmente tolerado.

Y cuando la corrupción se democratiza, el sistema entero se degrada.

Uno de los síntomas más visibles de esta disfunción social es el profundo desprecio por la norma.

En muchas ciudades ecuatorianas, las reglas de tránsito parecen más sugerencias que obligaciones. Los semáforos se ignoran, los carriles se inventan, las motocicletas circulan entre vehículos y peatones como si el espacio público fuese territorio sin reglas.

Este comportamiento revela algo más profundo que la simple imprudencia. Refleja una cultura donde el cumplimiento de la norma se percibe como ingenuidad.

Quien respeta la ley es visto como alguien excesivamente correcto.
Quien la evade es percibido como alguien “vivo”.

Esta inversión de valores es uno de los síntomas más preocupantes de cualquier sociedad.

El problema se agrava cuando las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley pierden credibilidad.

En Ecuador, amplios sectores de la población perciben a muchas instituciones públicas con una mezcla de desconfianza, resignación y cinismo. Para muchos ciudadanos, ciertos organismos del Estado han dejado de representar estructuras de servicio público para convertirse en espacios de intereses particulares.

Cuando la ciudadanía percibe que el sistema de justicia es lento, manipulable o selectivo, el concepto mismo de legalidad pierde legitimidad.

La ley deja de ser un principio moral y pasa a ser simplemente un instrumento que puede torcerse.

En ese escenario, el ciudadano promedio se adapta al entorno. Si el sistema parece corrupto, muchos concluyen que comportarse de manera íntegra es inútil.

Es el triunfo del cinismo sobre la ética.

La impunidad no es solo un problema judicial; es un fenómeno cultural.

Cuando las transgresiones no tienen consecuencias, se genera un mensaje poderoso: violar la norma es rentable.

En Ecuador, la percepción de impunidad se ha extendido desde delitos menores hasta grandes escándalos políticos. Los ciudadanos observan cómo muchas investigaciones se diluyen, cómo los procesos se prolongan indefinidamente o cómo ciertos responsables logran evadir sanciones.

Este escenario alimenta una sensación peligrosa: la de que la justicia no es un principio universal sino un recurso negociable.

Y cuando la justicia se percibe como negociable, la confianza social colapsa.

Otro fenómeno que refleja esta normalización de lo disfuncional es la creciente tolerancia social hacia el consumo abierto de sustancias ilícitas.

En diversos espacios urbanos, el consumo de drogas ha dejado de ser un comportamiento marginal para convertirse en una escena cada vez más visible.

Este fenómeno no puede analizarse únicamente desde la perspectiva policial o sanitaria. También revela una transformación cultural. Cuando ciertas conductas ilegales dejan de generar rechazo social, el mensaje implícito es que los límites colectivos se están debilitando.

Las sociedades necesitan límites claros para preservar su estabilidad. Cuando esos límites se diluyen, el orden social comienza a fragmentarse.

Basta caminar por muchas ciudades ecuatorianas para observar otro síntoma de esta disfunción colectiva: el deterioro del espacio público.

Basura acumulada, veredas invadidas, ruido excesivo, comercio informal desordenado, vandalismo urbano. Cada uno de estos fenómenos refleja una misma lógica: la prioridad absoluta del interés individual sobre el bienestar colectivo.

El espacio público deja de ser un lugar compartido y se convierte en territorio de apropiación.

Cuando nadie siente responsabilidad por lo que pertenece a todos, la convivencia se degrada.

Quizás el aspecto más preocupante de esta crisis cultural es la resignación.

Muchos ecuatorianos parecen haber aceptado estas disfunciones como parte inevitable de la vida nacional. Frases como “así somos”, “esto nunca cambiará” o “el que no se aprovecha pierde” reflejan una mentalidad profundamente corrosiva.

La resignación es peligrosa porque paraliza cualquier intento de transformación. Cuando una sociedad deja de indignarse, deja también de exigir cambios.

En ese momento, la mediocridad se vuelve permanente.

Las razones son múltiples y complejas. Décadas de inestabilidad política, desigualdad social, crisis económicas y debilidad institucional han contribuido a crear un ambiente de frustración colectiva.

En ese contexto, muchas personas desarrollan estrategias de supervivencia que implican transgredir normas. Lo que comienza como adaptación individual termina convirtiéndose en cultura social.

Pero entender las causas no significa justificar las consecuencias.

La normalización de la ilegalidad no resuelve los problemas estructurales de un país; los profundiza.

Las sociedades no colapsan únicamente por guerras o catástrofes económicas. A veces se deterioran lentamente cuando se debilitan sus normas éticas.

Cuando la corrupción se vuelve rutina, cuando la ley se percibe como obstáculo y cuando la trampa se celebra como inteligencia, el deterioro moral comienza a afectar todas las estructuras sociales.

La economía se vuelve menos confiable.
Las instituciones pierden legitimidad.
La convivencia se vuelve más conflictiva.

Es un proceso silencioso, pero profundamente destructivo.

Frente a este panorama, la tentación más fácil es culpar exclusivamente a los políticos o a las élites. Sin embargo, la realidad es más incómoda.

Una sociedad no se degrada únicamente desde arriba. También se deteriora desde abajo, cuando millones de pequeñas decisiones individuales reproducen las mismas prácticas que se critican en los niveles superiores.

El ciudadano que paga una coima no puede exigir integridad absoluta a sus gobernantes.
El conductor que viola las normas de tránsito no puede reclamar orden urbano.
El empresario que evade impuestos no puede exigir un Estado eficiente.

La regeneración ética de un país comienza con la coherencia entre lo que se exige y lo que se practica.

Ecuador no está condenado a esta dinámica. Las sociedades pueden cambiar cuando se produce una transformación cultural profunda.

Pero ese cambio requiere algo más que reformas legales o discursos políticos. Requiere recuperar valores básicos que parecen haberse debilitado: responsabilidad, respeto por la norma, sentido de comunidad y rechazo activo a la corrupción.

Las sociedades más estables no son aquellas donde nunca ocurren transgresiones, sino aquellas donde la mayoría de ciudadanos considera esas transgresiones inaceptables.

Hoy, el verdadero desafío del Ecuador no es solo combatir la corrupción o mejorar la seguridad. Es recuperar la capacidad colectiva de indignarse frente a lo incorrecto.

Porque cuando una sociedad deja de reconocer la diferencia entre lo normal y lo anormal, corre el riesgo de perder algo más importante que su estabilidad política.

Corre el riesgo de perder su conciencia moral.